| Aprovechando la presentación en el Ateneo de Madrid del cuarto informe sobre las torturas en el Estado Español, La Haine habla con Jorge del Cura, destacado militante en la lucha contra la impunidad, miembro del Centro de Documentación Contra la Tortura y ex-presidente de la Asociación Contra la Tortura. Jorge y sus compañeros del CDCT y de la Coordinadora siguen siendo una referencia importante en el Estado Español por su intensa labor en el ambito de los derechos humanos. Su trabajo les ha costado represalias en varias ocasiones, pero una vez más, podemos contar con su presencia para que nos ponga al día sobre la situación de denunciados y denunciates. La Haine - Madrid: Para comenzar situando al lector, ¿cual es exactamente la labor del CDCT y de la Coordinadora para la prevención de la tortura? Jorge del Cura: El Centro de Documentación tiene como principal objetivo la recopilación de todo tipo de documentación que pueda ayudar a luchar contra la tortura: Recopilación de denuncias, sentencias, informes, análisis, artículos, etc. Para ponerlos a disposición de otros grupos de defensa de los Derechos Humanos o, más específicamente, de colectivos contra la tortura. Por su parte la Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una coordinadora de 40 colectivos que tiene como objetivo principal la implementación en el Estado español del Protocolo Facultativo (PF) Contra la Tortura aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 2002, y dentro de ellos la creación y puesta en marcha de mecanismos de prevención realmente independiente y eficaz para prevenir la práctica de torturas, malos tratos y/o tratos inhumanos o degradantes en cárceles, comisarías, centros de retención de emigrantes, etc. con el control de estos espacios por parte de la sociedad civil. Ambos tienen una clara vocación de erradicar la tortura, pero desde actividades claramente distintas: Otras tareas fundamentales para avanzar hacia esa erradicación de la tortura, por ejemplo la denuncia ante los tribunales de justicia de los casos de tortura, el asesoramiento de las personas torturadas, la lucha contra las cárceles, etc., son desempeñadas de forma autónoma e independiente por los otros colectivos de la Coordinadora. Esta faceta de mantener la autonomía y la independencia de los grupos que forman la Coordinadora es uno de los presupuestos básicos de la misma. LH-M: Desde hace cinco años a aquí, ¿Ha habido un aumento de las denuncias por torturas en el Estado Español? J.C.: Responder a esta pregunta de forma clara y rotunda no es fácil. Los datos que maneja la Coordinadora no son la totalidad de los casos de tortura existentes en el Estado, ni la totalidad o una mayoría de los casos realmente denunciados, ni siquiera podemos saber si los casos conocidos representan un 10% o un 90%, si bien, personalmente, creo que la cifra real estará más cerca del primer porcentaje. Por una parte, sabemos que hay muchas agresiones policiales o agresiones en las cárceles que no se denuncian por temor a represalias, desconfianza hacia los tribunales de justicia u otras razones. Por otra parte no todos los casos de torturas y/o malos tratos que llegan a conocimiento de los distintos grupos de la Coordinadora acaban figurando en sus informes anuales: En muchas ocasiones estas denuncias no se incluyen por expresa petición de la persona agredida o por no haber podido constatar de forma completa de los datos de la agresión. Y, en tercer lugar, puede pasar mucho tiempo, desde la agresión, hasta que algún grupo de la Coordinadora tiene conocimiento de la misma. En muchas ocasiones cuando tenemos constancia, ya es demasiado tarde –pueden pasar tres o más años-, para incluir ese caso en el informe del año correspondiente. Y como decía antes, en muchas ocasiones nunca llegaremos a conocer la existencia de la agresión. Con estas aclaraciones previas, si es cierto que cada año tenemos noticia de más denuncias por tortura y/o malos tratos, y estamos mejorando, bien es verdad que muy lentamente, el seguimiento de las mismas en los tribunales. Este aumento en el conocimiento de las denuncias por tortura podría deberse tanto un aumento real de las agresiones por parte de las distintas policías y funcionarios de prisiones, como al mejor funcionamiento de los grupos que forman la Coordinadora para llegar a las personas agredidas y lograr su confianza a la hora de atreverse a denunciar. LH-M: ¿Existe hoy más conciencia entre el colectivo de agredidos o torturados de la necesidad de la denuncia? o por el contrario se obvia la denuncia como una vía más, dada la conveniencia entre jueces y torturadores. J.C: Esa ‘conciencia’ (entre comillas) a la hora de denunciar las agresiones sufridas varía con el tiempo y las circunstancias concretas en que se produzca la agresión. Pero si hemos detectado, y así se indica en el último informe, que la no denuncia de las agresiones sufridas, que, hasta ahora era habitual en migrantes sin documentos y en personas presas, está creciendo en las personas que son agredidas tras participar en movilizaciones sociales. También en estos casos, por temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía. El pasado año, también se produjo una tendencia a no denunciar entre este colectivo por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones. La frase de “total no va a servir de nada” la oímos repetidamente Compartiendo esa desconfianza hacia los tribunales de justicia que no investigan estas denuncias, no puedo compartir algunas de las premisas de esa desconfianza, y en concreto la más generalizada de que, al final, no se va a condenar al funcionario agresor y la tortura y/o malos tratos van a quedar impunes. Es cierto que la mayoría de estas agresiones quedarán impunes, y es inadmisible, pero además de la sanción y la reparación al agredido, está el objetivo de poner fin, o al menos límites ,a la práctica de la tortura, y para esta cuestión, para prevenir la tortura –mucho menos para erradicarla-, ni la cárcel, ni el código penal, ni el castigo o la sanción van a ayudarnos... Ni la policía, ni los tribunales van a ayudar, en ningún caso, en esta tarea, como no lo haran para combatir el fascismo, la injusticia, la desigualdad, etc… Me parece muy legítimo y comprensible el deseo de sanción al que ha torturado y, sobre todo, el de exigir la reparación del daño causado. No hay por qué renunciar a ellos. Pero la “confianza en el castigo” no hace más que potenciar una sociedad autoritaria. Una cosa es denunciar la hipocresía y autoritarismo del sistema, y otra, muy diferente, creerse el propio sistema punitivo. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que para luchar contra, en este caso la tortura, la tortura, primero tenemos que conocer la realidad de la misma. Cómo se tortura, cuando, dónde, quien, a quien se tortura,… En este sentido, puede que la denuncia no logre identificar ni sancionar al responsable pero ,cuando la denuncia es rigurosa y veraz, cuando está contextualizada, que es lo que pretenden los informes de la Coordinadora, si puede ayudarnos a conocer y visualizar la realidad que pretendemos de prevenir la tortura, y a partir de aquí avanzar en el objetivo de erradicarla.. LH-M: Según indicáis en vuestro informe sobre la tortura en el Estado Español 2007, las personas que han sido sometidas a incomunicación, activistas políticos y migrantes son los tres principales objetivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para la práctica de la tortura. Cuándo por fin estas personas denuncian ¿Hay coordinación entre ellos que puede desembocar en movilización popular o se toma como un mero tramite personal y no colectivo? J.C.: Las situaciones que mencionas son muy distintas y dan lugar a distintas respuestas. Si dejamos al margen a Euskal Herría, donde si hay una mayor sensibilidad ante la tortura, que ha llegado hasta variadas iniciativas del Parlamento Vasco –sin entrar ahora en valorar las mismas- en la inmensa mayoría de los casos es una respuesta individual. El único hilo conductor sería el apoyo de algún grupo o colectivo al agredido. Pero hay que tener en cuenta que,, ya lo he dicho, en muchísimos casos no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera la denuncia, Sin embargo, el año pasado, se produjeron diversos algunos intentos de respuesta colectiva. Por ejemplo la Asamblea de Torturados de Euskal Herría. También en Madrid hubo un intento de dar una respuesta colectiva con la creación de FARO (organización que pretendía agrupar a las personas que habían sido víctimas de la represión), a sus familiares y amigos, pero que resultó ser un intento fallido por diversas circunstancias. También el año pasado, tuvieron lugar numerosas manifestaciones y concentraciones –en Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Tenerife…- de protesta contra actuaciones concretas de los agentes de Policía, Sin embargo estas protestas no tuvieron continuidad después de las primeras movilizaciones. Para finalizar, hay que hacer constar que este tipo de iniciativas ha sufrido una importante disminución en el presente año, 2008, y habría que analizar las causas. LH-M: Siguiendo con el informe, Euskadi, Catalunya, Madrid y Andalucía se encuentran en los primeros puestos del ranking de denuncias por torturas, ¿Hay relación entre esto y la nutrida presencia de movimientos sociales en dichos lugares? J.C.: Los datos que aparecen en el último informe, que mantienen la tendencia ya indicada en los anteriores los informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, muestra lo que parece una clara relación entre la existencia de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos -en este caso que forman parte de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura- y las comunidades más activas en la defensa de los DD.HH., con mayor nivel de lucha social, con mayor numero de alternativas políticas… donde el numero de denuncias por tortura y maltrato a detenidos es mayor. Similar situación nos encontramos si analizamos las ciudades con mayor número de denuncias, que coinciden con aquellas que tienen mayores redes de solidaridad, que posibilitan la ayuda, social y jurídica, a las personas que han sufrido agresiones por parte de funcionarios policiales. Ello no supone contradicción alguna, sino que, al contrario de lo que pretenden las autoridades y responsables políticos, las denuncias por tortura responden –además de a una realidad de los hechos denunciados- a un compromiso real con la libertad y dignidad de las personas, y no a objetivos o consignas inconfesable. Una sociedad donde se denuncian las torturas y vejaciones a detenidos, -hechos inseparable de la existencia de policías y cárceles- es una sociedad activa, una sociedad que demuestra no tener miedo, capaz de decidir por si misma, y que es, ahora sí, libre y democrática. Los ciudadanos no deben avergonzarse de que se hagan público los casos de tortura, sino que deberían reservar esta vergüenza y mostrar su rechazo al miedo a denunciar estas agresiones, a que las denunciadas no sean investigadas, sus responsables no solo no sean sancionados, sino que al contrario, en muchas ocasiones, son condecorados, mientras que las víctimas de la tortura no reciben atención ni la reparación alguna. Esta situación de impunidad es la que pone en cuestión si el Estado español es, en estos momentos, un estado democrático, un estado de derecho. LH-M: Si consideramos la dispersión o la no excarcelación de las personas presas gravemente enfermas como una forma más de tortura ¿No se queda coja la labor de las organizaciones, que como vosotros, trabajáis para la prevención de la tortura? J.C.: Desde luego entiendo que la dispersión o el mantenimiento en prisión de personas que padecen graves enfermedades es en si mismo una forma de tortura. En numerosa ocasiones, sino siempre, estas situaciones obedecen a la intención de castigar a estas personas por “…un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación…”. Frase esta que es cita literal de la definición de la tortura que efectúa la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987,y aplicable directamente a las situaciones por las que preguntas. Por otras parte, muchos de los grupos que forman parte de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, entre ellos el Centro de Documentación contra la Tortura, forman también parte de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presa -constituida hace ya varios años, si bien con altibajos en su actividad- que tiene como objetivos, precisamente, luchar contra estas situaciones que mencionas. Como ya dije antes, la Coordinadora no pretende ser la organización única, centralizada, de lucha contra la tortura, sino que pretende la autonomía de los diferentes grupos que la conforman. Ello conlleva no solo respetar las actividades de dichos grupos, sino potenciarlas sin inmiscuirse. La labor de la Coordinadora estaría, desde luego, coja sin la labor de los grupos. LH-M: Recientemente organismos como el relator especial de la ONU para la protección de DDHH en la lucha contra el terrorismo o Amnistía Internacional se han pronunciado de forma medianamente contundente sobre los altos índices de torturas en el Estado Español, ¿Significa esto una futura mayor prevención de la tortura, o es un simple maniqueísmo político? J.C.: Los últimos informes del Relator Especial de NN.UU. o de Amnistía Internacional lo que representan es la toma de conciencia sobre la situación de la tortura en el Estado español por parte de organismos internacionales de DD.HH., sean instituciones u ong´s, y creo que estos informes son sinceros. Otra cosa es que podrían ser más contundentes a la hora de denunciar y exigir medidas claras contra la tortura. Otra cosa es cómo estos informes son recibidos por las autoridades españolas y la voluntad que estas autoridades puedan tener para prevenir la práctica de la tortura. En este sentido creo que no hay ninguna voluntad política real de poner freno a la tortura y las medidas anunciadas no son otra cosa que un lavado de imagen de cara al exterior, al tiempo que se envía un mensaje a los cuerpos policiales haciéndoles saber que nada va a cambiar. Es sintomático que las medidas que se proponen –cámaras de vídeo en comisarías o un mayor rigor en la investigación judicial- se presentan ante la opinión pública –y ante los sindicatos de policía y de funcionarios de prisiones- como encaminados a “defender la buena imagen de los funcionarios” frente a denuncias falsas o, como recientemente manifestaba un vocal del Consejo General del Poder Judicial, ante una resolución del Tribunal Constitucional ordenando la reapertura de una causa por torturas del año 2000, que se van a “investigar a fondo las denuncias de tortura para demostrar que son falsas”. LH-M: ¿Habéis recibido algún tipo de represalias por todos estos años de trabajo en CDCT y en la Coordinadora para la prevención de la tortura? J.C.: Como Centro de Documentación y como Coordinadora, de momento, no hemos tenido ningún problema. Otra cosa es los ataques que diversos grupos de la Coordinadora, y otros colectivos que no forman parte de ella, han sufrido en los últimos años. En abril de este año, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, hizo público un informe titulado “Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español1”, en que se recogen 24 ataques de este tipo. El informe no es exhaustivo y podría haberse ampliado a las represalias que sufren los particulares que denuncia haber sido torturados u objeto de malos tratos por funcionarios de policía o prisiones. Pero de haber incluido estas situaciones, el informe sería interminable. LH-M: Por último, ¿Se os hace difícil transmitir a la opinión pública la existencia de torturas? J.C.: Si. La respuesta es claramente afirmativa. Las razones para ellos son muchas y entre ellas, evidentemente, la avalancha de mensajes que desde las instituciones, y los media, se dirigen a los ciudadanos en el sentido de que el estado español es una democracia y que, en democracia, no hay tortura. Este mensaje insiste en asociar el concepto de tortura a la intolerancia ideológica y a los peores y más crueles regímenes políticos: tortura y dictadura se nos presentan como sinónimos. Por ello, cuando se habla de tortura, se da por supuesto que nos estamos refiriendo a países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, no a nuestros países democráticos, a “Occidente”. Por ello, cuando afirmamos que en el Estado español se producen casos de tortura, los ciudadanos, en la mayoría de los casos, la reacción es de asombro. ¿Tortura en España? ¡No, aquí no se tortura!. Se da por supuesto que en el Estado español, esta práctica está desterrada desde hace muchos años. Que la “transición” erradicó esta lacra. Y si insistimos e informamos que existen organizaciones que se dedican a luchar y denunciar los casos de tortura que se producen en el Estado español, el interlocutor se pone a la defensiva. Esas afirmaciones deben obedecer a fines y/o consignas inconfesables | 
Respecto a la resignación o el miedo a denunciar "los ciudadanos no deben avergonzarse de que se hagan público los casos de tortura, sino que deberían reservar esta vergüenza y mostrar su rechazo al miedo a denunciar estas agresiones, a que las denuncias no sean investigadas, sus responsables no solo no sean sancionados, sino que al contrario, en muchas ocasiones, son condecorados" 
Nosotros éramos informáticos subcontratados por la Consellaría de Educación a través de la cadena de subcontratación empresarial formada por las empresas IECISA (Informática del Corte Inglés S.A.) y SERMICRO (empresa perteneciente al grupo ACS). Llevábamos trabajando varios años en las instalaciones de la Xunta en San Caetano (Santiago de Compostela)... y también luchando ya que formamos parte de la Sección Sindical de CNT a través de la que conseguimos varias mejoras laborales en los últimos tiempos.
