Defensor del Pueblo
al Síndic de Greuges
y al Congreso de los Diputados
Los abogados del Sr. Amadeu Casellas Ramón, la letrada Sra. Diana Reig y el letrado Sr. Francesc Arnau llevan tiempo desarrollando, con total profesionalidad y esmero, su labor profesional a favor de todo tipo de personas que así se lo solicitan y requieren. Me consta de forma fehaciente, que los abogados antes citados, siempre han respetado, con exquisito rigor y rectitud, todas las normas y las leyes, siendo totalmente injustificada y arbitraria la denuncia reciente que han formulado cierta organización de funcionarios de prisiones.
En nuestro ordenamiento jurídico, toda persona tiene derecho a una defensa digna, siendo ese el cometido que han realizado de manera sistemática y ajustada a Derecho los abogados catalanes. Por tanto, y al considerar que carece de base y es totalmente falsa la denuncia formulada por el colectivo de funcionarios de prisiones, estimo urgente el archivo de la misma, en aras a que puedan seguir ejerciendo sus actividades profesionales.
Desconozco el objetivo y el interés que tiene esa organización de funcionarios de prisiones al formular y tramitar una denuncia falsa, dado que los argumentos y hechos que describe son totalmente inventados, pero intuyo que únicamente aspira a crear confusión y lograr desprestigiar personal y profesionalmente a los referidos letrados ante el resto de compañeros de la profesión.
Los ciudadanos y personas que llevamos muchos años formando parte activa de entidades dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, consideramos fundamental el archivo de la denuncia y el inicio urgente de una investigación que aclare los objetivos e intereses ocultos que hay en los hechos que se expresan en el escrito de la denuncia, en aras a que la positiva y profesional trayectoria profesional de los abogados Sra. Diana Reig y Francesc Arnau no se vea mermada ni lesionada, pudiendo proseguir con sus habituales y diarias actividades en defensa de sus clientes.
Igualmente, y ante la existencia de una denuncia falsa, rogamos al Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo (Cortes Generales) inicien las oportunas investigaciones para que los letrados arriba mencionados (Sra. Diana Reig y Sr. Frances Arnau), puedan ejercer y disfrutar de sus derechos constitucionales fundamentales, desarrollando con total seguridad, integridad y libertad sus actividades profesionales y personales, dado que la denuncia presentada a diversos colegios de abogados por los funcionarios de prisiones de Cataluña, carece de fundamento y credibilidad, no aportándose pruebas reales y contrastadas, tal y como se puede verificar al leer las declaraciones de los propios abogados, familiares, amigos y personas solidarias con Amadeu Casellas Ramón...
Una de las causas del actual colapso en los juzgados en la enorme cantidad de falsas denuncias que se admiten a tramitación sin ser previamente contrastadas y verificadas. Es hora ya de castigar de forma ejemplar a las personas y entidades que abusan de las instituciones públicas para dar rienda suelta a su deseo malsano de venganza. La Justicia nada tiene que ver con los instintos vengativos.
Los ciudadanos, ONGs y entidades cívicas, que llevamos años acompañando y asumiendo iniciativas en defensa de los Derechos Humanos y las libertades, nos sentimos profundamente indignados ante la existencia de una campaña de difamaciones y acoso contra los abogados que intentan ejercer sus actividades profesionales y defender a sus clientes y a los presos con escasos recursos económicos.
Nuestra entidad no descarta emprender las acciones administrativas y legales oportunas, para así evitar que en un futuro próximo se presenten denuncias falsas y arbitrarias, dado que estos comportamientos realizados por funcionarios, únicamente persiguen desacreditar y desprestigiar a destacados profesionales, cuya trayectoria personal y profesional es todo un ejemplo a seguir e imitar por cualquier persona amante de la legalidad.
Nos parece lamentable y totalmente reprobable. que se desarrollen campañas destinadas a criminalizar, desprestigiar y difamar a los abogados que, única y exclusivamente, desarrollan su labor profesional con exquisito rigor y dignidad, en favor de sus clientes, en favor de su amor al Derecho y a la Justicia. Por ello, nuestra entidad cívica y cultural considera imprescindible y urgente que el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS impulse una Comisión Parlamentaria para investigar las campañas de criminalización, difamación y acoso que padecen entidades, abogados, ONGs, organizaciones cívicas en Cataluña y en el resto de España...
Valencia, a 28 de octubre de 2008
Antonio Marín Segovia
Presidente
CERCLE OBERT DE BENICALAP
