UGT Presons Catalunya distingue a un ultra sancionado por malos tratos
El 5 de octubre el Sindicato de Prisiones de la Federació de Serveis Públics de Catalunya de UGT (FSPUGT) entregó una distinción al funcionario de prisiones Manuel Allué Pastor “en reconocimiento a su trayectoria” al término de sus primeras Jornadas. Días antes, la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura, que agrupa a 12 organizaciones de defensa de los derechos humanos, había puesto el grito en el cielo denunciando que dicho funcionario acumulaba numerosas acusaciones y al menos una condena por malos tratos a presos. El secretario de UGT Catalunya, José Mª Álvarez, rechazó todas las críticas afirmando que no admitía “lecciones de personas que no sabemos dónde estaban bajo la dictadura franquista”. Por su parte, la trayectoria de Allué es la historia del entrismo ultra en grandes sindicatos penitenciarios catalanes y españoles desde los años ‘80, culminada con su desembarco en la sección penitenciaria de UGT.
Manuel Allué empezó a trabajar en la Cárcel Modelo en 1987 y se afilió al sindicato ultra UFL. Luego ingresó en la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP), que aglutinó al funcionariado de prisiones fascista en Barcelona y Madrid tras escindirse de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). La UFIP proponía la cadena perpetua para los presos de ETA y su segregación en cárceles de difícil acceso. Su sección catalana, donde militaban Allué y Ángel Colmenar Launes, compartía sede con la Falange Española de Castelldefels y estaba dirigida por Pepe Muro, carcelero de la Modelo y falangista en activo.
Tras su traslado a Andalucía, Allué, Colmenar y el grueso de militantes de UFIP pasan a Acción Sindical Independiente (ASI), creada en 1989 en la cárcel de Quatre Camins y dirigida por Francisco Javier Cañadillas Lucas. Este antiguo militante del Partido Español Nacional Sindicalista (PENS), formado en 1969 por los servicios de información franquistas (SECED) para actuar violentamente contra la izquierda estudiantil, fue uno de los 17 miembros de este partido detenidos por atentar contra una sede de la UCD en junio de 1980. Dos de los detenidos afirmaron que los SECED y el comisario Roberto Conesa aportaron fondos y armas para crear un grupo que practicó la guerra sucia contra miembros de ETA y el Front Revolucionari Antifeixista Popular (FRAP). ASI también se nutrió de militantes del Frente de Juventud (FJ) en Cataluña, desarticulado por la policía tras el atentado de 1980. Las candidaturas de ASI en Barcelona y Tarragona se llevaron el apoyo de unos 200 votantes de la UFIP.
En 1991, ASI entra en la sección de prisiones de Unión Sindical Obrera (USO-P), creada en la cárcel de Herrera de la Mancha en 1983. Ese año el juez Juan José Martínez Zato expedientó a nueve carceleros del centro por torturar a presos de ETA. Según documentos del 2º Congreso de USO-P de 1993, la “defensa altruista” de los expedientados por el secretario de Acción Sindical de USO, Carlos Solás, les alentó a afiliarse. Según la revista Artículo 20, componían la dirección de USOUnión Sindical de Instituciones Penitenciarias ( USO-USIP) Allué y Colmenar ; Víctor Casado, ex secretario general adjunto condenado por estafa ; Sandra Soto, ex vicepresidenta de la Unión Sindical de Trabajadores de la Administración (USTA) ; José Mª Font Cañameras, vinculado a CEDADE y al VI Comando Adolfo Hitler y Jesús Beltrán, abogado de USIP y miembro de la franquista OJE (Organización Juvenil Española). USO-P también absorbió militantes de la hinchada futbolera ultra Brigadas Blanquiazules, del F.C. Español y del partido fascista Alianza por la Unidad Nacional (AUN), de Ynestrillas. Mientras conseguía la hegemonía en el sector (con el 26 % de votos en las elecciones sindicales de 1994), USIP preconizaba el “agotamiento filosófico de la idea de reinserción” (conclusión del Congreso de USO-P en 1993), y su secretario general, Allué, afirmaba que “el sistema de rehabilitación ha fracasado”. En ese período, Allué trabó amistad con José Ramón Manzanares Codesal, responsable del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Barcelona. En el 1996, la llegada de Josep Font Català como director de la cárcel de Quatre Camins no fue del agrado de Allué y otros funcionarios intermedios, que informaron a Manzanares de los diversos conflictos que mantuvieron con su director. El juez, que también mantuvo discrepancias con Font, dificultó la concesión de permisos penitenciarios a los presos para así crear malestar y tensiones en la cárcel. Esto le valió en 2001 una condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por prevaricación.
Tras establecer relaciones con el California Correctional Peace Officers en 1993, el secretario de Relaciones Internacionales de USIP, Font Cañameras, viajó en 1996 a visitar las penitenciarías de Texas. Según un documento firmado por el mismo Font en 1999, el fin del viaje fue iniciarse “en una organización satánica de la que habría que responsabilizarme como máximo representante en España, de la que formaban parte diversos funcionarios de prisiones de ideología ultraderechista y satánica en California y Texas”. Una vez en el Estado español, debía fundar “una organización satánica que aglutinara a todos los elementos ultraderechistas del ámbito penitenciario y mantuviera contactos con los principales partidos de Estados Unidos y Europa”, para lo que entró en la secta OTO de Mataró, cuyos miembros ya habían sido iniciados por el dirigente del Front National francés Christian Bouchet. Pese a afirmar haber roto todo vínculo con grupos satánicos y ultraderechistas, Font se presentó a las elecciones generales de 2004 en la candidatura por Barcelona del fascista Frente Democrático Español. También ha ocupado el 5º puesto de la lista ultra Españoles Bajo el Separatismo en las elecciones al Parlament de Catalunya de noviembre de 2006.
En 1998, la Associació Democràtica de Funcionaris de Presons (ADECAF) denunció a USIP ante Amnistía Internacional Catalunya (AI) por instigar al maltrato de presos, aportando la denuncia por torturas y rigor innecesario de un preso de Can Brians al que Colmenar y cuatro carceleros más ataron de pies y manos a un somier y aporrearon el 27 de febrero de 1993. En 1999, poco después de publicitarse la denuncia, USIP se integró en la sección penitenciaria de la Candidatura Autònoma de Treballadors/es de l’Administració de Catalunya (CATAC), manteniendo los votantes y la dirección de Allué, Colmenar y Sandra Soto. Ese mismo año, su secretario general, Miquel Pueyo, encabezaba con Soto la candidatura al Parlament de Trabajadores Públicos Rebotados en la que Allué iba en sexto lugar. Colmenar, condenado ese mismo año por lesiones, lideró la lista en Lleida. En junio de 2003, la sección penitenciaria decidió abandonar CATAC cuando el sindicato censuraba sus actuaciones y debatía su expulsión. Así nació la Unió del Sindicalisme Penitenciari de Catalunya (USPC), que se unió a UGT Presons. USPC-UGT suma 1.500 afiliados y el 66% de la representación sindical (42,19% de CATAC). Miquel Pueyo continúa siendo secretario general en una ejecutiva de 10 miembros compuesta por ambas formaciones. A tres meses de las elecciones sindicales en Cataluña, previstas para el 14 de diciembre, USPC-UGT repartió medallas en sus jornadas, realizadas en colaboración orgánica con el Departament de Justicia y con presencia de los máximos responsables penitenciarios, el alcalde de Barcelona y todos los grupos parlamentarios salvo Iniciativa per Catalunya.
Quatre Camins, escenario de abusos impunes
En mayo de 2002, unos 250 presos del módulo 1 y 2 iniciaron una huelga de brazos caídos. Tras una negociación fallida, Institucions Penitenciàries dio paso a una brutal represión por parte de los Mossos d’Esquadra a los que se sumaron funcionarios de las cárceles de Brians y la Modelo armados con barras de hierro. Los presos denunciaron violentas palizas y una violación. Mercedes Sánchez, entonces directora general de Servicios Penitenciarios, escribió una carta abierta a los presos justificando el uso de la fuerza para “restablecer la seguridad y libertad de las personas”. Ya en 1999, Sánchez, tras las presiones del entonces secretario general de CATAC-P, Miquel Pueyo, había amonestado a ADECAF por difundir en su boletín la condena judicial a Ángel Colmenar (ex USIP y miembro de CATAC-P) por torturas. Según el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), el motín de abril de 2004, en que resultó herido un subdirector del centro, llevó al traslado de 40 presos. Veintiséis fueron brutalmente golpeados antes, durante y después del traslado, lo que motivó una investigación del Consejo de Europa y una investigación del juzgado 3 de Granollers. Al no haber recibido la filiación de los funcionarios entonces presentes, el juez ha decidido imputar a cuatro responsables de la cárcel. El 2 de noviembre prestaron declaración tres de ellos.
